Texto de Ricardo Vásquez Kunze, en Perú21.pe. La bataclanización del intelecto. Aquí. El artículo relegado y desplazado Derechos Humanos: ¿El fin del sueño universal? aquí. Página web de Kunze: http://www.ricardovasquezkunze.com/.

Durante algunos días y varias horas de esos días, dejé de percibir dinero. Resulta que, en vez de trabajar por la remuneración de mis actividades profesionales, me dediqué a investigar, a clasificar, a pensar y, finalmente, a redactar un artículo académico para la Revista Derecho, de la PUCP, mi alma mater. El tema de esta revista bianual era los desafíos de los DD.HH. en el siglo XXI, un tema que me apasiona. Por eso no dudé un momento en aceptar desprendidamente la invitación de su director, Alfredo Villavicencio, para escribir allí. Fueron 15 páginas, a espacio simple, entregadas en la fecha acordada.

El artículo, “Derechos Humanos: ¿El fin del sueño universal?”, proponía como idea de fondo que la universalidad de los DD.HH. estaba en entredicho, desde la ciencia jurídica, la religión y la filosofía posmoderna. En consecuencia, tales eran sus desafíos en el siglo XXI y su universalidad estaba, obviamente, afectada, tanto práctica como conceptualmente. Mi posición era que los DD.HH. son un sistema jurídico deseable para la protección de la integridad física de las personas y de las libertades morales, pero que había que ser realista y entender que una buena parte de la humanidad los rechazaba y que, había que perseverar en Occidente, donde la laicidad era el feliz abono de tales derechos (el que lo quiera leer puede ir a www.ricardovasquezkunze.com, en columnas Perú.21).

Pues bien, a pocas horas de que la revista entre a imprenta, recibí la compungida llamada del director expresándome, luego de mil disculpas, que mi artículo no sería publicado. La razón: que el rector le había pedido incluir en la revista un discurso del doctor Avendaño (espero que no sea sobre el solitario tema de todas sus disertaciones: “bienes registrables y no registrables”, porque en ese caso el “registro musical” sería bastante monótono); por lo tanto, muchas gracias.

Poco tiempo después recibí otra invitación para escribir en una revista jurídica no universitaria de éxito comercial. Me solicitaban un artículo de 15 páginas, a espacio simple (¿suena conocido?), sobre una sentencia del TC sobre arbitraje. Esta vez los mandé a darse un paseíto por las Pléyades porque no me proponían ningún pago por mi tiempo ni por mi esfuerzo. Me respondieron que “no era política de la empresa” realizar pagos por artículos de esas características, aunque sí lo hacían por artículos más largos. Oiga, ¡si 15 páginas no le parece largo, entonces cuántas!

Y eso me animó a escribir este artículo, felizmente pagado. Esta gente no entiende que pensar cuesta, y muy caro. Que los conocimientos no los adquirí gratis y que ni mi tiempo ni mis energías son eternos. Que cada minuto que pasa es un minuto menos de vida. Estos creen que el intelecto no es un trabajo y que, por lo tanto, intelecto y dinero no van de la mano. Estos creen que los intelectuales son como las bataclanas que van donde Magaly o los Enemigos Íntimos a ventilarse, a cambio de promocionar su numerito telefónico para “contratos”. Estos creen en que no solo los cholos deben ser baratos, sino también los intelectuales. Y lo peor de todo es que en el Perú los “intelectuales” que lo creen y se sienten honrados de que así sea, son legión.

Diario El Comercio, página B4, 30 de octubre de 2009. La pensión de invalidez. Los aportes de AFP contemplan una cobertura en casos de invalidez. Monto de pensión fluctúa entre el 50% y 70% de la remuneración. Aquí.

Reformas constitucionales deben pasar por el Congreso, diario El Comercio. Aquí.

Diario El Comercio, 30 de octubre de 2009. Texto del Dr. Mario Amoretti.

En estos últimos días verificamos cómo algunos políticos se esmeran en presentar proyectos de leyes en materia penal, procesal y penitenciaria —al igual que antes de las elecciones de 2006—, muchas de ellas violatorias de la Constitución, o no dar curso a las que perjudican sus pretensiones electorales; así como un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y Judicial, llegándose a amenazar a la jueza con denunciarla si no accede a entregar los “petroaudios” comprometedores; además, ante la sentencia absolutoria a una congresista que fue denunciada por el Congreso a la fiscalía, se han originado mutuas recriminaciones, sin considerar:

La Constitución señala: La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones [...].

El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público [...]. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: [...] por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones [...].

[...] La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. La prueba obtenida ilícitamente no tiene valor probatorio.

El Código de Procedimientos Penales (CPP): La instrucción tiene carácter reservado, que es muy distinto a que se ordene que una actuación se mantenga en reserva.

El CPP-2004. La investigación preparatoria tiene carácter reservado.

El juicio oral o juzgamiento es público, mas no la primera etapa del proceso penal.

El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de un delito, cuando esté obligada a hacerlo por su profesión o empleo [...]. El artículo 410 del CP. La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional [...].

Las diligencias que se practican en la etapa de la instrucción tienen carácter reservado y las partes pueden tener acceso o conocimiento de ellas; situación muy distinta a los casos en los que el juez dispone la reserva de determinadas actuaciones judiciales, en la que los sujetos procesales podrán tener acceso a ellas cuando se levante la misma; y, si el juzgado encontrara indicios de la comisión de un hecho punible deberá poner a conocimiento del fiscal o del Congreso si se trata de un funcionario público que requiera ser investigado o denunciado por dicho poder del Estado.

El Ministerio Público es autónomo [...]. Es el encargado de conducir desde su inicio la investigación del delito. Sentencias del Tribunal Constitucional precisan el reconocimiento de la capacidad de investigación y la delegación de facultades que otorga y le reconoce la Constitución para comprobar la naturaleza de los hechos objeto de investigación.

Como podemos verificar, existen normas constitucionales, penales, procesales y pronunciamientos del Tribunal Constitucional que reconocen plenamente la autonomía del Ministerio Público e independencia del Poder Judicial. Además, es lamentable que existan algunas de ellas que son inconstitucionales y que no han sido derogadas. En efecto, los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Y la autonomía e independencia del Ministerio Público y Poder Judicial, respectivamente, ante una incorrecta tipificación de un hecho? Comprobamos, que al término de un proceso penal iniciado por denuncia formulada por el Congreso de la República al no encuadrar (tipificar) en el delito imputado el Poder Judicial tiene que dictar una sentencia absolutoria, como sucede muchas veces; y, todo ello se origina por la facultad que se le concede al Congreso en la última parte del artículo antes referido, máxime si en las cartas magnas de 1933 y 1979 no tuvo tal redacción.

El 5 de diciembre de 1972 la Junta Militar presidida por Juan Velasco Alvarado mediante Decreto Ley 19644 señaló lo siguiente: “El personal de las fuerzas policiales está exento de responsabilidad penal cuando en acto de servicio o con ocasión de él, haga uso de sus armas en forma reglamentaria”. El Código Penal de 1924 y el vigente exime de responsabilidad al “que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho”. Sin embargo, en la modificación verificada mediante el Decreto Legislativo 982, se considera que el miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte, es inimputable; de acuerdo con lo previsto en el Código Penal, la doctrina nacional e internacional, se considera como tal a un enajenado mental, menor de 18 años, etc., es decir, quien no se da cuenta de sus actos.

En época electoral se promulgó una ley que considera como autor de violación sexual al sujeto que tenga relaciones con un (a) menor que tenga menos de 18 años de edad, se le impondrá una pena no menor de 25 ni mayor de 30 años, lo que da lugar en la actualidad a que a muchos recién nacidos no se les declare quién es el padre, para evitar que sean detenidos y condenados.

A todo ello, cabe preguntar: ¿Cuál fue el destino de los videos y audios que fueron remitidos al Congreso hace años y según se informó existían asuntos de interés público (personajes implicados en diversos actos)? ¿Algún día la opinión pública conocerá su contenido o se efectuará la correspondiente denuncia? ¿Se dará cumplimiento al rol fiscalizador?

Diario El peruano, 30 de octubre de 2009. Es un “exceso” que máximo organismo esté compuesto solamente por siete hombres, refiere Presidente García.

Es un exceso que el Tribunal Constitucional (TC) esté integrado solamente por siete hombres, dijo ayer el presidente Alan García, al sugerir que la máxima instancia jurídica del país esté compuesta, por lo menos, por tres mujeres, a fin de que puedan expresar su punto de vista sobre diversos temas de interés nacional.

“No puede ser que la última instancia jurídica del Perú esté compuesta solamente por siete hombres, me parece un exceso; por lo menos tres mujeres me parecería equilibrado, para que tengan una voz que ilustre mejor las resoluciones”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Comentó que en el debate sobre la “píldora del día siguiente” ha salido un tema muy cierto y muy importante: y es que (tenemos) un tribunal “de puro hombre”, donde no hay presencia femenina.

“No digo que hay que establecer una cuota, pero, por Dios, si se van a elegir dos nuevos integrantes, procuremos que sean, pues, mujeres, porque con toda razón y derecho las mujeres casadas, solteras, niñas, mayores tienen un punto de vista diverso en estos temas de maternidad, y sería muy bueno que también participaran”, indicó.

García Pérez recalcó que el TC es una institución muy importante para la democracia porque siempre es necesario que exista una instancia que cuide que las leyes sean constitucionales.

De esa manera, subrayó, el ciudadano puede defender sus derechos en una instancia de último nivel.

“Esto ha funcionado muy bien en todos los países; no tendría por qué no funcionar en el nuestro, inclusive en temas litigiosos. Yo creo que el Tribunal es una instancia que está bien creada”, aseveró.

Delia Revoredo ex magistrada de Tribunal Constitucional menciona “Nunca debe faltar una mujer en el tribunal” y sostiene “las mujeres podrían haber dado una perspectiva distinta a la de los hombres; si la píldora del día siguiente atañe más a las mujeres, la pregunta es por qué no estuvimos presentes en esa decisión”. Diario El Peruano, 02 de noviembre de 2009.

Respaldan que mujeres integren también el TC

Podrían haber aportado una visión distinta respecto a la píldora, expresó

La ex magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Delia Revoredo reclamó que destacadas profesionales del derecho integren ese organismo, y consideró que si hubiera habido mujeres, el controvertido fallo sobre la píldora del día siguiente sería distinto.

Revoredo, la única magistrada que ha tenido el tribunal en su historia, saludó la propuesta hecha en ese sentido por el presidente Alan García, por considerar que las mujeres pueden aportar una visión diferente y realista en temas de familia y paternidad, y no solo la “interpretación literal de la ley”.

“El tema de la píldora ha podido ser juzgada de una manera distinta, no digo que tengan o no razón; pero sí creo que las mujeres podrían haber dado una perspectiva distinta a la de los hombres; si la píldora del día siguiente atañe más a las mujeres, la pregunta es por qué no estuvimos presentes en esa decisión”, declaró a la agencia Andina.

Señaló que en el medio existen profesionales de gran capacidad que pueden integrar el TC. Incluso, propuso los nombres de la ex titular de Justicia Rosario Fernández y de la ex presidenta de Indecopi Beatriz Boza.

Presente

1 “Nunca debe faltar una mujer en el tribunal, pues como madres, esposas e hijas tienen una experiencia directa en una serie de temas, que de repente los hombres no tienen”, según Revoredo.

2 Invoca al Legislativo para que las dos plazas que se reemplazarán en el TC, sean ocupadas por mujeres.

Toreros protestan frente a Corte Constitucional de Colombia. Aquí.

“Toreros, empresarios, ganaderos y aficionados se manifestaron ayer pacíficamente ante el Palacio de Justicia de Bogotá para pedir a la Corte Institucional que no considere las corridas de toros como un espectáculo ‘cruel’.”

Chile y el Tratado Continental. Suplemento de El Comercio. Aquí.

Por: Rosa Garibaldi

En abril de 1855, Cipriano Coronel Zegarra llegó a Santiago de Chile como encargado de negocios del Perú. Abogado, diputado por Tacna al Congreso Constituyente de 1839 y con amplia experiencia diplomática como jefe de misión, era el hombre indicado para lo que Ramón Castilla tenía en mente: revivir su ideal de defensa hemisférica, planteado inicialmente en el Tratado de Confederación de 1848. Lo motivaron en ese entonces dos hechos que escandalizaron a toda la América Latina: el intento del presidente ecuatoriano José María Urbina de establecer un protectorado estadounidense en las islas Galápagos y la invasión de Nicaragua por el filibustero William Walker, con el apoyo encubierto de Estados Unidos.

Ideal de defensa
En agosto de 1856, Coronel Zegarra recibió instrucciones de Castilla para iniciar gestiones. Había de lograrse, con Chile, un tratado de alianza y defensa continental. Al principio, Antonio Varas de la Barra (1817-1886) —uno de los chilenos más notables de su tiempo y canciller desde 1850— rehuyó el tema. Finalmente aceptó iniciar las negociaciones. Coronel entregó a Varas unas bases donde figuraba un Congreso de Plenipotenciarios, órgano esencial “para asegurar la independencia de todas las repúblicas hispanoamericanas [...] no solo contra los ataques, sino contra todo intento de las grandes potencias de humillarlas con pretensiones exageradas apoyadas en la fuerza”. Al igual que en el tratado planteado en 1848, este Congreso tendría la atribución de declarar el “casus foederis” o precausa para la guerra.

Otro espíritu
Tras cinco meses, el chileno Varas entregó sus propias bases, distintas a las propuestas por el Perú. Varas enfatizaba la promoción de las relaciones comerciales y culturales y disponía  garantías mutuas para la independencia de los estados miembros y la integridad de sus territorios. Se oponía a la creación de una alianza ofensiva y defensiva, frente a las potencias, alegando la imposibilidad de concretarlas y restringiéndola a mutuos auxilios militares contra las expediciones de filibusteros. Satisfacía así dos objetivos chilenos: conseguir una base amplia para sus negocios y su comercio, y la aceptación del Perú de no intervenir en los asuntos ecuatorianos. Siendo punto prioritario de la política exterior chilena mantener el equilibrio de poder en las naciones sudamericanas del Pacífico, a través de la preservación del statu quo, Chile se mantuvo desconfiado y alerta para “desalentar toda ambición del Perú sobre el Ecuador”. Seguín, canciller peruano, le transmitió a Coronel la angustia de Castilla porque su liga de defensa hemisférica no se hiciera realidad, sin embargo ansioso de que los gobiernos latinoamericanos se adhirieran el tratado, autorizó su firma.

Vocación integracionista
El mayor mérito del Tratado Continental era promover el progreso de las repúblicas sudamericanas para integrarlas al comercio y los negocios mundiales. Se otorgaba el tratamiento de nacionales a los ciudadanos de cualquiera de los estados contratantes y a sus bienes, exonerándolos de todo impuesto no pagado por  los nacionales. Concedió el trato de nacionales a las naves de todos los confederados y valor pleno “a los documentos, pruebas actuadas y sentencias judiciales”, así como a los títulos profesionales. Se uniformizó un sistema de monedas, pesos y medidas. Los periódicos, diarios o folleetos “tendrían libre circulación en los territorios de las Partes Contratantes”. Conforme con el Derecho Internacional, se fijaron los privilegios, exenciones y atribuciones de los funcionarios diplomáticos y consulares, así como la adopción de tales reglas en las relaciones del Perú con los demás estados, para frenar los abusos perpetrados por las grandes potencias, especialmente en cuanto a reclamos.

Razones de guerra
Si un Estado confederado agresor se negaba a darle a un Estado confederado agredido, justicia o satisfacción, se podía recurrir a la guerra. El Congreso de Plenipotenciarios mediaría para la solución de las diferencias. Se incluyeron dos principios esenciales en la política exterior peruana: el de la no intervención y el de la defensa de la integridad territorial. Ochenta años antes de la Declaración de Washington de 1932, y en un punto trascendental para el Perú en sus relaciones con el Ecuador, el Tratado Continental  no reconocía los territorios arrancados por la fuerza ni los que pudieran tomar la forma de una enajenación voluntaria (exceptuándose a las concesiones para regularizar las demarcaciones geográficas y las fronteras).

Éxito en Washington
En junio de 1857, a pedido de  la Convención Nacional, se enmendó el artículo 2 del Tratado Continental que afirmaba la libre navegación de las embarcaciones en mar, ríos, costas o puertos de todas las naciones miembros, con los mismos derechos que las naves nacionales. Esto contradecía la Convención de Navegación Fluvial firmada en 1851, por el Perú con el Brasil, que señalaba que la navegación pertenecía exclusivamente a los respectivos estados ribereños. El 15 de setiembre de 1856 los plenipotenciarios de Chile, el Perú y Ecuador firmaron el Tratado Continental en Santiago. Menos de dos meses después los representantes hispanoamericanos —bajo el auspicio del ministro peruano Juan Ignacio de Osma— firmaron el tratado de Confederación de los Estados Hispanoamericanos, en Washington D.C. Era un texto prácticamente idéntico a las bases enviadas inicialmente por Castilla a Coronel Zegarra y este a Varas. El Tratado de Washington no tuvo posibilidades de lograr una aceptación general pero representó una expresión de solidaridad, en tiempos difíciles, y un éxito para la diplomacia peruana.

Estados Unidos en contra
Teniendo en cuenta las disposiciones para los  mutuos auxilios militares contra las expediciones de filibusteros en el Tratado Continental y en el de Washington, el Gobierno de Estados Unidos se opuso a su ratificación. La liga de naciones hispanoamericanas no representaba mayor peligro militar para la poderosa nación, el problema era otro: la unión podía dañar intereses comerciales estadounidenses e impedir la apertura del Amazonas a la navegación mundial. Convencido de que los tratados tenían la meta de crear una alianza continental de las naciones hispanoamericanas contra lo que ellos llamaban “la ambición e intervención de Estados Unidos”, emprendió una campaña diplomática para convencer a los gobiernos de la región que no había necesidad de un tratado pues la expedición del filibustero Walker (origen de los esfuerzos de unión) había sido derrotada.

Incoherencias al sur
Chile demoró varios meses en abordar la ratificación del Tratado Continental. Periódicamente, sin mayor entusiasmo, el documento continuó discutiéndose en el Congreso. La apropiación por parte de España de las islas de Chincha que motivaron en 1864 la reunión del segundo Congreso Americano de Lima, marginaron el tema del Parlamento chileno hasta que la Guerra del Pacífico terminó por hacerlo desaparecer. La postura chilena frente al Tratado Continental fue consecuente con su tradición política de oponerse a la creación de una organización de seguridad colectiva. El gobierno de Castilla fue el único que desplegó esfuerzos continentales para lograr adhesiones, enviando ministros a lo largo de la América Hispana. En Argentina su emisario Buenaventura Seoane se enfrentó, en 1862, a la histórica reticencia de esa nación para integrar una unión continental. El canciller Rufino de Elizalde pomposamente afirmó que Argentina “estaba identificada con la Europa hasta lo más que es posible”, que la América Latina era una entidad política que no existía, y que no había amenaza alguna a la América independiente. Frente a ello, Seoane le disparó tres dardos que dieron en el blanco: “¿Y Santo Domingo,? ¿Y México? ¿Y las Malvinas?”.

+ info

• El Tratado Continental fue continuación de obra iniciada por Bolívar en el Congreso de Panamá (1826).
• Conjuntamente con el Tratado de Confederación de 1848 y el Tratado de Washington de 1856, influyó en el panamericanismo plasmado en la creación de la OEA.
• En 1889 se convocó en Washington la primera Conferencia Internacional de Estados Americanos.
• Del 6 al 8 de junio (2010) Lima será sede del Cuadragésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Los tratados hispanoamericanos del siglo XIX adquirieron vigor hasta convertirse en estructura jurídica y política en la Carta de la OEA.

El último refugio de la Libertadora. Suplemento El Dominical de El Comercio. Aquí.

Por: Sara Beatriz Guardia

Manuela Sáenz al enterarse de la muerte del Libertador se trasladó a Bogotá. Al hacer frente a los ataques, manifestó públicamente su adhesión a los ideales bolivarianos. El periodista y político Vicente Azuero incitó la cólera y el desprecio contra Sáenz. Llenó las calles de carteles difamatorios. Los ataques concluyeron el día de Corpus Christi con la quema de dos muñecos que personificaban a Manuela y a Bolívar. “Nosotras, las mujeres de Bogotá, protestamos de esos provocativos libelos contra esta señora que aparecen en los muros de todas las calles [...]. La señora Sáenz, a la que nos referimos, no es sin duda una delincuente”, se leyó luego en otros escritos durante esos días.

Opinión y expulsión
Los ánimos se calmaron hasta la publicación de “La Torre de Babel”, un folleto escrito por Manuela Sáenz, en el que acusaba al gobierno de ineptitud para resolver los problemas más acuciantes y de actos de provocación y sedición. Esto le costó la cárcel y en abril de 1831, el general Rafael Urdaneta la expulsó de Colombia. Cuando el general Francisco de Paula Santander fue elegido presidente de Colombia, la desterró  definitivamente el 1 de enero de 1834, confiscándole sus bienes.

Jamaica, Guayaquil, Paita
Maxwell Hyslop, comerciante inglés, amigo de Bolívar, la acogió en Kingston, Jamaica. Allí  vivió durante un año hasta que recibió el salvoconducto que le permitía ingresar a su natal Ecuador, otorgado por el presidente Juan José Flores. Sin embargo, no pudo ingresar a Quito pues en octubre de 1835, Flores había perdido el poder. Manuela debió trasladarse a Guayaquil, de donde fue expulsada el 18 de octubre de ese año por el gobierno de Vicente Roca-Fuerte. Entonces se dirigió al Perú, acompañada de Jonatás, su esclava desde que era niña. Se instaló en Paita, pequeño puerto en medio del desierto de la costa norte peruana.

Mujer guerrera
Quienes creyeron que desterrando a Manuela Sáenz la habían vencido, se equivocaron. Era la misma Caballera de la Orden del Sol, condecorada el 11 de enero de 1822 por el general José de San Martín en reconocimiento por su entrega a la lucha independentista. Fue coronela del Ejército de la Gran Colombia por su destacada participación en la Batalla de Junín, el 6 de junio de 1824. Entonces recorrió a caballo la agreste cordillera andina, con Simón Bolívar. Prosiguió la campaña con el general Antonio José de Sucre, cuando Bolívar debió regresar a Lima para combatir un motín. El general Sucre le escribe a Bolívar detallando la Batalla de Ayacucho y solicitando reconocimiento a Manuela Sáenz por su extraordinario valor: “Se ha destacado particularmente Doña Manuela Sáenz por su valentía, incorporándose desde el primer momento a la División de Húsares y luego a la de Vencedores, organizando y proporcionando el avituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos; rescatando a los heridos []. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta, por lo que ruego a Su Excelencia le otorgue el grado de coronela del Ejército colombiano”. El vicepresidente de Colombia, general Francisco de Paula Santander exigió a Bolívar que la degrade. Bolívar respondió  indignado: “¿Que la degrade? Un Ejército se hace con héroes y estos son el símbolo del ímpetu con que los guerreros arrasan a su paso en las contiendas, llevando el estandarte de su valor”.

Días de Paita
Manuela Sáenz tenía 38 años cuando llegó a Paita en 1835, donde permaneció hasta su muerte el 23 de noviembre de 1856. Durante estos años la acompañó Jonatás, con quien atendía una pequeña tienda en su casa, en cuya puerta se leía: Tobbaco. English spoken. Nunca recuperó sus bienes ni accedió a la dote que James Thorne, su esposo, le devolvió en su testamento. Ella se negó a realizar cualquier trámite para hacer valer sus derechos.

Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, vivía en un pueblo cercano a Paita, y con frecuencia la visitaba. En su libro “Las cuatro estaciones de Manuela”, Víctor W. von Hagen narra que la visita de Garibaldi coincidió con una de Rodríguez: “Juntos pasaban sus años invernales estos dos enamorados de Simón Bolívar; juntos leían las cartas que les hablaban del pasado. Así estaban un día de 1851, cuando un caballero distinguido preguntó por la Libertadora. Se llamaba Giuseppe Garibaldi”. Von Hagen agrega que los tres pasaron el día conversando de Bolívar: ella, en su hamaca, y Garibaldi, “recostado en el sofá pues sufría de una malaria contraída en las selvas de Panamá”.

Manuela conoció en este período a Herman Melville, cuando el futuro autor de “Moby Dick“ arribó a Paita en 1841, a los 22 años, a bordo del ballenero Acushnet. También llegaron a visitarla Carlos Holguín, político colombiano; Ricardo Palma, que recogió posteriormente la entrevista en sus “Tradiciones…”, y el político y poeta ecuatoriano José Joaquín Olmedo, autor del “Canto a Bolívar”. En Paita, rodeada del mar y de la arena del desierto, todos conocían a Manuela Sáenz, la respetaban y la querían. Ella estaba donde la necesitaban, con la fe y el coraje que caracterizaron su vida. En noviembre de 1856, Paita fue asolada por una epidemia de difteria que causó la muerte de gran parte de la población. El 23 de noviembre murió Manuela Sáenz; unas horas antes había fallecido Jonatás, su fiel compañera. El cadáver de la Libertadora fue incinerado a fin de evitar el contagio, y su casa, y sus pertenencias, quemadas.

Destino americano
Manuela llegó al mundo con el signo del amor ilícito y de la deshonra. Tal fue el escándalo que produjo su nacimiento que, con frecuencia, en Quito se hablaba más de la hija bastarda de don Simón Sáenz Vergara (miembro del Concejo de la Ciudad, capitán de la milicia del rey y recaudador de los diezmos del reino de Quito) que del movimiento por la independencia que se gestaba, y en el que esa niña tendría gran presencia. No en vano, ella presagió muy joven: “Mi país es el continente de América. He nacido bajo la línea del Ecuador”.

Bunbury en Lima, 22 de octubre de 2009. Fotos de Susan Denisse Caballero.

Nota de Prensa del Tribunal Constitucional que limita la distribución de la llamada píldora del día siguiente. Aquí.

El Tribunal Constitucional (TC) ha invalidado la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada “píldora del día siguiente“, ordenando al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar tal política pública, por considerar que no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo, la inhibición de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio.

El TC declaró fundado el amparo presentado en el expediente 02005-2009-PA/TC luego de evaluar los argumentos presentados por importantes instituciones nacionales e internacionales, sin que se haya podido desvirtuar que, dentro de la teoría de la fecundación, el derecho a la vida del concebido pueda ser gravemente menoscabado por el uso del indicado fármaco, de acuerdo con el artículo 2.1. de la Constitución vigente.

En esa lógica, la sentencia ordena que los laboratorios que comercializan la “píldora del día siguiente” incluyan en la posología una advertencia destinada a que los consumidores tengan conocimiento suficiente de que el producto podría tener un efecto abortivo.

Lima, 22 de octubre de 2009

Oficina de Imagen Institucional.

Suplemento Domingo de La República, 01 de noviembre de 2009. Aquí: